APRUEBAN NUEVAS SANCIONES EN CONTRA DEL GOBIERNO VENEZOLANO

El 25 de agosto de 2017, el presidente de los Estados Unidos expidió una nueva orden ejecutiva imponiendo sanciones al Gobierno de Venezuela y sus entidades estatales (incluyendo Petróleos de Venezuela), consistentes en restricciones a las transacciones sobre deuda y acciones emitidas por aquellas.

De esta manera, se prohíben todas las transacciones, provisiones de financiación y cualquier otro tipo de negociaciones por parte de nacionales estadounidenses o dentro de territorio estadounidense, sobre cualquiera los siguientes instrumentos:

  1. Deuda nueva de PDVSA con un vencimiento superior a 90 días.
  2. Deuda nueva con un vencimiento superior a 30 días, o nuevas acciones del Gobierno de Venezuela, distinta de aquella emitida por PDVSA.
  3. Bono emitidos por el Gobierno de Venezuela previo a la expedición de la orden ejecutiva.
  4. Pago de dividendos u otras distribuciones de utilidades al Gobierno de Venezuela provenientes de cualquier entidad de su propiedad o sobre la cual ejerza control directa o indirectamente aquel.

Así mismo, las restricciones recaen sobre la compra, directa o indirectamente, por parte de cualquier nacional estadounidense o dentro del territorio de los Estados Unidos, de cualesquiera valores emitidos por el Gobierno de Venezuela, diferente a aquellos que sean considerados deuda con un vencimiento menor o igual a 30 o 90 días.

Con las mencionadas restricciones, el gobierno de los Estados Unidos busca evitar que sus nacionales contribuyan a la financiación del régimen venezolano y, de esta manera, prevenir alteraciones del mercado y daños a los inversionistas, derivados de la venta de activos por debajo de su valor real por parte del Gobierno de Venezuela, dentro de los cuales se incluyen los bonos y otros valores emitidos por aquel.

Finalmente, resulta oportuno destacar el hecho que las referidas sanciones no resultan aplicables a aquellas transacciones en que se involucren ciudadanos estadounidenses para efectos salir o reemplazar su participación en un mecanismo de crédito a largo plazo que hubiese sido otorgado al Gobierno de Venezuela previo a la expedición de esta orden, siempre que tales transacciones no supongan el desconocimiento de las prohibiciones anteriormente indicadas.

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